Combatir el terrorismo desde el Estado de Derecho no es fácil. Hace falta perseverancia, principios morales y profundas convicciones democráticas. Una vez se olvidó esto en España y el Estado acabó convertido en verdugo. Fue con los GAL del gobierno socialista de Felipe González.
De Juana Chaos, o sea, el terrorista, o sea, “la cosa que mata,” buscaba la excarcelación a través de la coacción. Resistir este chantaje ridículo en forma de huelga de hambre no es difícil. Lo difícil, lo duro, fue no ceder al chantaje brutal que sufrió el Gobierno de Aznar cuando la vida de Miguel Angel Blanco estaba en juego y Ortega Lara se pudría en un zulo. No se cedió, no se podía. Ortega Lara lo comprendió; Miguel Ángel Blanco creemos que también.
Ocurre que en democracia las instituciones deben estar siempre por encima de los hombres; éstos perecen, aquéllas perduran. Ahora bien, un Estado y sus instituciones adquieren el valor de las personas que las representan. Si un presidente es íntegro y firme en sus convicciones, el Ejecutivo lo será; si el ministro del Interior es honesto, buscará la verdad y velará por la seguridad de los ciudadanos; si el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado son hombres justos, habrá rectitud. Esas personas son responsables ante generaciones venideras.
Zapatero, como persona, puede tener las prioridades que quiera, pero Zapatero no puede olvidar que, como Presidente del Gobierno, su obligación es defender el orden constitucional. En este caso, lo que estaba en cuestión era si el Estado cedía o si mantenía los principios y la dignidad. No lo ha hecho.
De Juana Chaos, o sea, el terrorista, o sea, “la cosa que mata,” no sufría una enfermedad irreversible; optó voluntariamente por poner en peligro su vida. Atenuar su régimen penitenciario ha sido una decisión personal del Presidente del Gobierno. Y los argumentos que ha esgrimido, demuestran que su escala de valores no es propia del puesto que ocupa. Si la vida es el valor supremo, como ha dicho Zapatero a la hora de explicar sus decisión, ¿qué valor otorga a las de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Rafael Martínez Emperador, Jesús Cuesta Abril, y las 900 víctimas de ETA, o sea, la banda terrorista, o sea, “la cosa que mata”?
Con su decisión, Zapatero ha dejado establecido que es posible coaccionar y chantajear al gobierno de España; ha menospreciado a aquellos que hicieron el sacrificio último por los valores democráticos y constitucionales.
Nos cuentan que los mismos socialistas están asustados de lo envalentonados que están los etarras. Por eso es difícil ver motivos humanitarios detrás de esta decisión. Parece una concesión política de alguien que no tiene el valor de enfrentarse a los violentos.
Pero la “historia es colectiva” decía Claudio Sánchez Albornoz. Y lo trágico es que los efectos de las decisiones no los sufre sólo el que tiene la responsabilidad de tomarlas, sino el conjunto de la sociedad. Y esta es una decisión más contra nuestra democracia. Por eso Mikel Buesa, Presidente del Foro Ermua y una de las voces más lúcidas de la sociedad civil, exhorta a los españoles a la rebelión cívica para expulsar del poder al Sr. Zapatero. Es necesario.
De Juana Chaos, o sea, el terrorista, o sea, “la cosa que mata,” buscaba la excarcelación a través de la coacción. Resistir este chantaje ridículo en forma de huelga de hambre no es difícil. Lo difícil, lo duro, fue no ceder al chantaje brutal que sufrió el Gobierno de Aznar cuando la vida de Miguel Angel Blanco estaba en juego y Ortega Lara se pudría en un zulo. No se cedió, no se podía. Ortega Lara lo comprendió; Miguel Ángel Blanco creemos que también.
Ocurre que en democracia las instituciones deben estar siempre por encima de los hombres; éstos perecen, aquéllas perduran. Ahora bien, un Estado y sus instituciones adquieren el valor de las personas que las representan. Si un presidente es íntegro y firme en sus convicciones, el Ejecutivo lo será; si el ministro del Interior es honesto, buscará la verdad y velará por la seguridad de los ciudadanos; si el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado son hombres justos, habrá rectitud. Esas personas son responsables ante generaciones venideras.
Zapatero, como persona, puede tener las prioridades que quiera, pero Zapatero no puede olvidar que, como Presidente del Gobierno, su obligación es defender el orden constitucional. En este caso, lo que estaba en cuestión era si el Estado cedía o si mantenía los principios y la dignidad. No lo ha hecho.
De Juana Chaos, o sea, el terrorista, o sea, “la cosa que mata,” no sufría una enfermedad irreversible; optó voluntariamente por poner en peligro su vida. Atenuar su régimen penitenciario ha sido una decisión personal del Presidente del Gobierno. Y los argumentos que ha esgrimido, demuestran que su escala de valores no es propia del puesto que ocupa. Si la vida es el valor supremo, como ha dicho Zapatero a la hora de explicar sus decisión, ¿qué valor otorga a las de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Rafael Martínez Emperador, Jesús Cuesta Abril, y las 900 víctimas de ETA, o sea, la banda terrorista, o sea, “la cosa que mata”?
Con su decisión, Zapatero ha dejado establecido que es posible coaccionar y chantajear al gobierno de España; ha menospreciado a aquellos que hicieron el sacrificio último por los valores democráticos y constitucionales.
Nos cuentan que los mismos socialistas están asustados de lo envalentonados que están los etarras. Por eso es difícil ver motivos humanitarios detrás de esta decisión. Parece una concesión política de alguien que no tiene el valor de enfrentarse a los violentos.
Pero la “historia es colectiva” decía Claudio Sánchez Albornoz. Y lo trágico es que los efectos de las decisiones no los sufre sólo el que tiene la responsabilidad de tomarlas, sino el conjunto de la sociedad. Y esta es una decisión más contra nuestra democracia. Por eso Mikel Buesa, Presidente del Foro Ermua y una de las voces más lúcidas de la sociedad civil, exhorta a los españoles a la rebelión cívica para expulsar del poder al Sr. Zapatero. Es necesario.
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